Según informa el propio CGPJ, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y el presidente de la Confederación Plena Inclusión España han firmado un convenio marco para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o las personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia en todas las fases del proceso. Se da así cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y de carácter vinculante para España y a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, “que compromete a la Administración de Justicia en el desarrollo de las medidas que resulten necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades, la prohibición de la discriminación y el acceso universal a la misma. Esta ley recoge el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el disfrute de sus derechos y establece la obligación de las administraciones públicas de proteger, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva”.